La importancia del Delegado de Protección de Datos para el consumidor

La nueva regulación sobre protección de datos ha obligado desde mayo del año pasado a tener que designar obligatoriamente un delegado de Protección de Datos (DPD), una figura muy conocida por los empresarios (a raíz de los inconvenientes y esfuerzo que supone para ello) pero no por los consumidores, con la pérdida de oportunidades que ello supone.

El delegado de Protección de Datos no deja de ser una figura similar a la del Defensor del Pueblo, pero en el ámbito de los datos personales y especialmente en aquellas empresas que manejan muchísima información sobre nosotros. Por ello, las administraciones públicas y las grandes empresas están obligadas a nombrar a uno.

Y es que yo no tengo por qué aguantar que el bar de la esquina me grabe con sus cámaras de videovigilancia cada vez que paso por la vía pública en la que ha colocado sus veladores, o que el gimnasio al que acudo me obligue incondicionalmente a permitirles recoger mi huella dactilar para controlar el acceso a sus instalaciones, o que la discoteca a la que acudo con mis amistades me saque en sus redes sociales tomándome una copa. O dos. O tres. O veintidós. O que cualquiera de ellos me agreguen a Whatsapp para mandarme publicidad de sus productos o eventos, y menos aún para meterme en un grupo con gente que ni conozco ni quiero conocer.

Porque resulta que cualquiera de nosotros tiene una serie de derechos en cuanto a sus datos personales, y si no me gusta el hecho de que abusen de ellos tengo que disponer de un canal adecuado para poder exigirles que retiren mi imagen, mi huella o mi foto. Y lo normal puede ser un simple correo electrónico a mi disposición, un teléfono o una oficina.

Sin embargo, si quiero pedir una tutela de derechos de despacharme a gusto con alguien de la empresa que sea imparcial, objetivo y justo para que me explique si es posible quitar mi foto o poner como mínimo un tomate en mi rostro para que no se me reconozca, todos seríamos más felices y dicharacheros siendo atendidos por alguien con cabeza. Alguien que pondere los intereses de la empresa con los del perjudicado, que medie entre ambos con la máxima confidencialidad y profesionalidad.

De no ser así, el gimnasio puede terminar con una multa de unos diez mil euros por no comprender que ha recabado la huella biométrica de un usuario que está en protección de testigos. Y la discoteca podría haber publicado la foto de una persona que, por intereses personales, afirmaba no haber estado nunca allí.

Por favor, recurran a su DPD disponible, o de lo contrario se aburren y las empresas no los valoran como deben. Se lo dice uno de ellos que está deseando ayudarles en todo lo posible.

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Jesús Acevedo es abogado y mediador.