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La sanidad no se vende, se recorta
Las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid en las últimas legislaturas han llevado al empobrecimiento del servicio, lo que provoca graves deficiencias en la atención de los usuarios.
La sanidad madrileña es hoy en día un problema real, grave, acuciante, que ha entrado en fase de cuidados intensivos. La misma sanidad pionera en implantar el Código Ictus Pediátrico o de poner en marcha la primera consulta en España dedicada a la detección y seguimiento del Síndrome Post-Cuidados Intensivos Pediátricos pretende ahora reducir el acceso de los pacientes al nivel más básico y cercano de cuidado de la salud, a través del recorte en el horario de Atención Primaria.
Es grave que Madrid, siendo la segunda comunidad de mayor PIB a nivel nacional, sea a la vez la que menos destina a Sanidad. Y dentro de los presupuestos sanitarios madrileños ya de por sí escasos, tan sólo un 10% se dirige a la Atención Primaria. Y ahora pretende destinar aún menos. Tan sólo hace unos meses, el Gobierno regional enmascaraba un recorte más bajo la falsa apariencia de ofrecer nuevas medidas de conciliación de la vida familiar y laboral del personal sanitario, unas medidas que lo único que pretendían era reducir el horario de atención en los centros de salud.
La nueva propuesta de la Consejería de Sanidad de finalizar las consultas a las seis y media de la tarde traía detrás no la ansiada conciliación, sino más demoras en las citaciones, una mayor saturación de los ya de por sí saturados servicios de urgencias en los centros de atención primaria y hospitales, refuerzo de la sanidad privada y desigualdad, más reducción de las plantillas y, por tanto, una quiebra en la atención del personal médico y paciente.
Una Atención Primaria empobrecida y sin recursos, que realmente es la base de la pirámide de un sector esencial como es el sanitario, convierte a Madrid en una comunidad que no cuida a su médico de familia, y no cuida por tanto al eje de su salud.
Afortunadamente, la presión de la sociedad civil ha surtido efecto. Después de manifestaciones y actos reivindicativos de diferentes organizaciones entre las que ha estado FACUA Madrid, a mediados de febrero, el Gobierno regional renunciaba a aplicar en esta agonizante legislatura la propuesta de reducción de citas. Dicen que lo dejan para la que viene, "si es que lo ve razonable". Una batalla ganada para la Marea Blanca.
Una década de recortes
La privatización hospitalaria en Madrid comenzó en 2007 a través de tres figuras: las concesiones administrativas, la cesión sanitaria de un área hospitalaria a la Fundación Jiménez Díaz y los modelos PFI (Iniciativas de Financiación Privada, PFI por sus siglas en inglés).
El Madrid sanitario de hace una década no es el mismo que el de ahora; la sanidad española no es la misma que la de ahora. Un modelo alabado fuera de nuestras fronteras se ha convertido en un complejo en ruinas, las primeras plantas con los PFI.
Este modelo implica que varias empresas privadas construyen el complejo hospitalario y se quedan con la gestión de lo que ellos consideran servicio no sanitario (limpieza, etc). Los costes de producción han sido de casi 701 millones de euros y el canon del alquiler de 158,2 millones de euros (hay que recordar que la Comunidad de Madrid acordó pagar durante 30 años dicho canon) lo que suponía 4.746 millones de euros. Por si fuese poco, en 2010, el Ejecutivo comunitario rescató a estos hospitales e incrementó el canon anual en 1.896 millones de euros.
Tampoco son mejores los intentos de privatización constantes durante el Gobierno de Esperanza Aguirre. Para la historia quedan sus fotografías inaugurando hospitales para posteriormente tratar de privatizar a toda costa o de poner en manos de empresas privadas su gestión administrativa.
La Fundación Jiménez Díaz cerraba (o abría) el círculo de expropiar lo público y ponerlo en manos privadas. Según el Informe del Observatorio Madrileño de Salud de mayo de 2017, del cual forma parte FACUA Madrid, el grupo que engloba a la FJD atendía a un 12,47% de la población madrileña con fondos públicos, debido al concierto que mantiene con la Seguridad Social.
La FJD es un caso claro de incremento de financiación en épocas de recortes. En 2008 se convierte en centro de referencia de 400.000 madrileños y se le entregan dos centros de especialidades adscritos de la ciudad de Madrid. Es decir, es todo un complejo hospitalario público en manos de la gestión privada, que hoy en día sigue siendo así. Desde 2016 pasa hacerse cargo de la Fundación el grupo multinacional Quirónsalud, que es quien gestiona sus centros hoy.
Deficiencias en los centros de salud y paralización de programas
Mientras que lo público se iba a manos privadas, los centros de salud sufrían las políticas de recortes de la Comunidad. Incluso en servicios que habían sido externalizados desde hacía tiempo veían como las políticas de austeridad se reflejaba en la falta de mantenimiento de los complejos sanitarios.
La limpieza de los centros de salud de la Comunidad deja mucho que desear. Los medios de comunicación han reflejado estos últimos años cómo, en los ambulatorios se han llegado a encontrar residuos biológicos, animales muertos o acumulación de basura. Las condiciones climatológicas en las consultas no son mucho mejores, llegando a alcanzar hasta los 39 grados en periodos estivales. Las caídas de ascensores de los hospitales o la aparición de cucarachas en el área quirúrgica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid también son consecuencia del progresivo deterioro de la sanidad pública madrileña.
Pero sin duda las dificultades administrativas para formalizar contratos con clínicas privadas para realizar pruebas que podían salvar vidas, como las mamografías preventivas demuestran su incapacidad de gestionar lo público, con su rechazable apuesta por las privatizaciones, manifestando una ineficacia total para gestionar lo privado.
Escasez de camas y caos en Urgencias
No es de extrañar que, con estas medidas de recortes, todos los veranos los hospitales madrileños presenten escasez de camas, si ya de por sí, su número durante el resto del año es bastante reducido, en época estival se producen continuos colapsos en las Urgencias por falta de medios.
Las camas comenzaron a disminuir desde 2010. Se pasaron de 3,33 a 3,17 por cada mil habitantes y en aquellos hospitales que aún conservaban la gestión pública contaron con 2,19 por cada mil camas públicas.
Como resultado, la escasez y la duplicidad de pacientes han provocado situaciones como la del Hospital La Paz, en el que se han utilizado salas de tránsito, sin estar preparadas para ello, para acoger las urgencias que les fueron derivadas.
La escasez de medios ha llevado a situaciones como las de marzo de 2018: Una mujer de 89 años fallecía tras esperar dos horas a la llegada de una ambulancia. Su hijo avisó al Servicio Sanitario de Madrid tras detectar que su madre tenía un nivel de glucosa en sangre de 600, según fuentes del servicio y, sin embargo, cuando sucedió la llamada no vieron la urgencia.
El diagnóstico y la receta
Lo primero, lo fundamental, lo urgente es dotar al servicio público madrileño de salud de fondos suficientes para garantizar su existencia, incrementar los presupuestos destinados a la Atención Primaria, garantizar los recursos profesionales, recuperar las citaciones de los especialistas y pruebas diagnósticas, desarrollar más la prevención y asegurar al menos el 95% de las citas de la Atención Primaria para evitar las urgencias y los colapsos.
Pero sin duda, la sanidad hay que defenderla entre todos, tiene que ser pública, accesible y de calidad, como lo fue hace unas décadas.
