Derecho humano al agua y pobreza hídrica

En el marco de un proyecto de investigación sobre pobreza hídrica (Waponet), investigadores de diferentes universidades (Universidad Autónoma de Barcelona, Politécnica de Catalunya, Oberta de Catalunya, Jaume I de Castellón, Alicante, Oviedo y Sevilla) vienen compartiendo ideas con agentes sociales coordinados en la Mesa Social del Agua (FACUA-Consumidores en Acción, CCOO, Aeopas, COAG, Greenpeace, WWF, Nueva Cultura del Agua, Ecologistas en Acción, Savia), así como con organizaciones que trabajan con colectivos vulnerables tanto en espacios urbanos (barrios empobrecidos) como rurales (zaonas de agricultura intensiva).

En el encuentro se ha constatado que la accesibilidad al agua y el saneamiento siguen siendo un problema importante en España en general y en Andalucía en particular: mantenimiento de asentamientos marginales, chabolismo, infraviviendas, hacinamiento en viviendas por parte de personas vulnerables, aumento de la presencia de personas sin hogar, continuación de la realidad de trabajadores temporeros inmigrantes en áreas rurales, etc. Falta información precisa sobre el alcance real de la pobreza hídrica, pero los indicios apuntan a que es más importante de lo que indican las estadísticas oficiales existentes.

No podemos afirmar taxativamente que sea un problema creciente, pero sí que ha sido un problema invisibilizado, de cuyas dimensiones hemos tomado conciencia recientemente. Se pueden encontrar situaciones de estabilización, agravamiento o incluso mejoría, pero en todos los casos se identifica la mencionada invisibilización, que está relacionada con la estigmatización, la exclusión y la segregación de las personas o colectivos afectados. Por tanto, los estudios de pobreza hídrica en España y en Andalucía no deben eludir la consideración de la cuestión de la accesibilidad (falta de conexión) junto con la de la asequibilidad (nivel de las tarifas), muy especialmente en el medio rural.

Este problema de la accesibilidad al abastecimiento y el saneamiento, que deben situarse en el contexto más amplio de acceso a vivienda y condiciones de vida dignas, tiene cinco componentes principales interrelacionadas:

- Marginalización y exclusión de colectivos o sectores sociales, debido a factores diversos, generalmente combinados, de carácter económico, cultural y/o étnico.

- Dimensión tecnológica, a la que hay que apuntar con medidas alternativas de "ingeniería posible”, de actuaciones técnicas sencillas y adaptadas a las circunstancias, para atender situaciones de ausencia de infraestructuras, así como adecuación de las mismas a su contexto social.

- Aspectos jurídicos: concreción y facilitación de procedimientos para el acceso y eliminación de restricciones legales.

- Dimensión sanitaria: reconocimiento del tema como un problema de salud pública.

Aspectos ambientales: deterioro de ecosistemas acuáticos, contaminación, cambio climático, sequías, etc., que agravan las situaciones existentes.

El acceso a agua y saneamiento asequibles, tanto en las situaciones de falta de conexión como en las más habituales en nuestro país de dificultades de afrontar el pago de las tarifas, debe contemplarse como un derecho humano y en absoluto como una cuestión de caridad. Para ello resulta fundamental avanzar en la concreción de este derecho en las leyes y reglamentos, especialmente en la escala municipal (prohibición de cortes, reconocimiento del suministro mínimo vital), así como adecuar los procedimientos administrativos a través de los cuales se accede a las ayudas.

En este sentido, es importante luchar contra la estigmatización que comporta la pobreza hídrica. y la pobreza en general, especialmente entre las personas mayores, las mujeres y los menores, mejorando además la identificación de los colectivos afectados y su reconocimiento como sujetos de derechos. Existe la impresión generalizada de que esta normativa local debiera estar respaldada con un marco normativo de mínimos de escala estatal o autonómico, que debe ser garantizado, concretado y desarrollado por las administraciones municipales competentes. La elaboración participada, a lo largo del año 2018, del Reglamento del ciclo integral de agua urbana de Andalucía fue una experiencia muy interesante, que incluyó avances importantes para afrontar la pobreza hídrica y la garantía del derecho humano. Esperamos que pronto el actual gobierno de la Junta de Andalucía reactive el proceso y dé curso a la aprobación de Reglamento.

La titularidad de los servicios de agua y saneamiento (en sus distintas modalidades: desde estrictamente pública hasta estrictamente privada) es un elemento fundamental en los debates actuales sobre el modelo de gestión de estos servicios. Algunos sectores relativizan la importancia de estas diferencias, pero, entre los sectores comprometidos con el derecho humano al agua, es mayoritaria la opinión de que la consideración del agua como bien mercantil choca frontalmente con su materialización como derecho humano, y se reclama la necesidad de un marco regulador que evite los riesgos de la privatización e impida las consecuencias que este modelo de gestión implica. En la actualidad, el Relator de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua, Leo Heller, se encuentra redactando un informe sobre los riesgos de la gestión privada del agua en relación con la garantía de este derecho que va a servir para decantar este debate en el sentido que acabamos de señalar.

Las poblaciones vulnerables a la pobreza hídrica deben ser capacitadas para poder afrontar mejor y superar esta vulnerabilidad. Para ello, en primer lugar, resulta imprescindible conocer mejor y valorar las estrategias que estas poblaciones siguen para reducir la falta de acceso a agua asequible. Sin embargo, son numerosos los casos de "discapatización" de colectivos que buscan fórmulas de empoderamiento que colisionan con los intereses o las estrategias de otros agentes de su entorno. La capacitación o empoderamiento no suelen desarrollarse en entornos neutros, sino que generalmente lo hacen en contextos conflictivos en los que existen intereses que no favorecen ese proceso. El caso del acoso jurídico al ayuntamiento de Torrecera (Jerez de la Frontera) o la precariedad habitacional de los temporeros inmigrantes de Lepe y otros municipios de Huelva son ejemplos de ello.

Factores como la necesidad de importantes inversiones para garantizar la calidad del agua o mejorar el estado de las infraestructuras pueden servir de argumento para justificar posibles aumentos de precio e impuestos del agua en el futuro que, a su vez, pueden exacerbar la pobreza hídrica. Hacer frente a este problema exige la máxima trasparencia en la identificación de costes, como requisito para captar la confianza de la sociedad y la consiguiente legitimidad de las decisiones financieras.

Como telón de fondo de todo el debate, es indudable que la solución de los problemas vinculados a la pobreza hídrica pasa fundamentalmente por ejercicios de voluntad política que modifiquen marcos normativos e institucionales, implementando los recursos humanos y económicos que estos graves problemas requieren.

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Leandro del Moral es geógrafo, profesor de la Universidad de Sevilla y de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Ángela Lara García es arquitecta y doctora en geografía especialista en agua urbana.

Ambos forman parte de la Red de investigación sobre Pobreza hídrica (proyecto Waponet).