La sanidad pública andaluza agoniza

La sanidad pública andaluza agoniza tras años de recortes e irresponsabilidad política de los gobiernos. La ciudadanía y las organizaciones sociales debemos luchar por defender un sistema sanitario público que garantice el derecho constitucional a la protección de la salud, la igualdad, la equidad y la justicia social, desde la solidaridad de lo público.

Según la última encuesta de FACUA-Consumidores en Acción, realizada en diciembre de 2019, sobre los plazos para que los usuarios logren cita con su médico de cabecera en la sanidad pública, 4 de cada 10 de andaluces tienen que esperar una semana o más para ser atendidos por su médico de familia. El porcentaje de usuarios que tiene que esperar al menos siete días para obtener la cita médica alcanza el 40,8% de los encuestados en Andalucía, seis puntos por encima de la media a nivel nacional, del 34,7%.

Sólo el 18,4% de los andaluces que han participado en la encuesta obtuvieron la cita médica para el día siguiente o el mismo día en que la solicitaron, casi seis puntos por debajo de la media a nivel nacional. El 61,4% de usuarios en Andalucía tiene que esperar un plazo de más de tres días, casi nueve puntos por debajo de la media nacional.

Andalucía cuenta con centros de salud donde desde mediados del mes de diciembre hasta mitad de enero no habrá servicio de enfermería, salvo urgencias, y donde pacientes crónicos y con enfermedades graves no tendrán seguimiento por este servicio hasta el mes de febrero.

Estos son algunos datos de la situación actual, diez meses después de que el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, anunciara su Plan para la Mejora y Accesibilidad de la Atención Primaria.

Si echamos un vistazo a la atención especializada u hospitalaria, y analizamos las reclamaciones de pacientes afectados por los retrasos, las listas de espera y los déficit de gestión, nos encontramos casos como la de una paciente, socia de FACUA, que tras sufrir un ictus es enviada a su casa a la semana del grave incidente, sin valoración sobre su rehabilitación y sin fecha para iniciar la misma al encontrarse cerrada la agenda del servicio hasta el 7 de enero por vacaciones de la persona responsable. Una vez llegue este día, el obstáculo será la larga lista de espera del servicio de rehabilitación y fisioterapia del hospital. En este supuesto, como en tantos de otras especialidades, las recomendaciones y prescripción de los profesionales médicos y de los protocolos de atención de pacientes por patologías como la descrita, devienen en papel mojado. El problema, según informan gestores hospitalarios, es que no se cubren bajas ni vacaciones, no hay sustituciones y los profesionales tienen derecho a descansar.

Los pacientes, personas usuarias y población en general, tienen derecho a la protección de la salud, un derecho constitucional que el sistema sanitario público de Andalucía está poniendo en riesgo.

Se suceden las quejas de pacientes, asociaciones y sindicatos por el cierre de centros de salud en diciembre y enero. El propio Defensor del Paciente ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla la decisión tomada por parte de la máxima autoridad sanitaria del cierre de los centros por el peligro que puede suponer en la salud de las personas. Se teme el colapso de las urgencias y la imposibilidad de que el sistema dé respuesta a las necesidades de salud de la población en fechas de alta frecuentación.

Un recorrido por los hospitales andaluces en estas fechas también ofrece un panorama desolador. Servicios paralizados -sólo urgencias-, plantillas de personal sanitario y no sanitario reducidas a la mínima expresión, profesionales pidiendo la colaboración de las familias para atender a los enfermos hospitalizados, pacientes encamados durante todo el día por falta de celadores que garanticen su movilidad, personal administrativo al borde de un ataque de nervios, servicios de no-atención al usuario cerrados…

El 3 de diciembre, el personal del Hospital Virgen de las Nieves de Granada denunciaba públicamente la situación de "caos", el agotamiento del personal y el perjuicio que se le está causando a los pacientes, mientras el gobierno andaluz presume de abrir los quirófanos por las tardes.

Bajas que no se cubren, problemas para atender a los pacientes, agotamiento de las plantillas por exceso de trabajo… La sanidad pública andaluza lleva años devaluándose y ha entrado ya en una fase crítica donde muchos pacientes se sienten abandonos a su suerte. Una suerte que está ligada a su capacidad económica para cubrir sus necesidades de asistencia sanitaria y de cuidados por otras vías, y que parece responder a una estrategia política que busca expulsar a los pacientes a la privada, para beneficio de las empresas del sector.

FACUA lleva años denunciando esta pérdida en la calidad de la atención sanitaria, que comenzó con los gobiernos socialistas y que se está agravando en esta etapa del gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, cuya gestión de la sanidad pública está siendo nefasta.

En 2017, el 82% de los usuarios encuestados por FACUA Andalucía en las ocho provincias de la comunidad consideraba que la calidad asistencial de la sanidad pública había empeorado en los últimos dos años. En la Encuesta de FACUA sobre la calidad de la sanidad pública en Andalucía, realizada a lo largo del mes de enero de 2017, y en la que participaron 5.447 usuarios de toda Andalucía, ya se evidenciaba estaba grave involución.

Resulta muy preocupante el avance de los resultados negativos que cada encuesta arroja. Los datos de 2017 ya fueron sensiblemente peores que los recabados por FACUA a finales de 2015, en la encuesta que se realizó ese año también sobre la calidad de la sanidad pública andaluza. En algunos aspectos empeoraba hasta en 14 puntos porcentuales.

La devaluación de la calidad de la sanidad pública andaluza se ha venido produciendo en paralelo a la eliminación de los órganos de participación ciudadana por parte de la Consejería de Salud y Familias. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) es cada vez menos transparente ante los agentes sociales y representantes de la ciudadanía y la sociedad civil organizada y la Junta tiene cerradas las puertas a la participación de los representantes de los usuarios.

Todo proceso de mejora exige transparencia. Transparencia en un modelo de gestión sanitaria que hace aguas, que demanda un correcto dimensionamiento de los servicios y platillas, recursos suficientes para atender las necesidades de la población y abrirse a una auténtica participación de la sociedad civil organizada en el diseño de las políticas sanitarias para garantizar la calidad que necesita el sistema público de salud.

Es esencial que defendamos nuestro actual sistema de aseguramiento universal, único y público, que garantiza la accesibilidad, la equidad y la igualdad. Debemos evitar la desintegración paulatina de nuestro actual sistema y estar alerta a los ataques a los que está siendo sometido. A ello van a ir encaminados no pocos esfuerzos que ven en la salud un gran mercado por desarrollar, existiendo ya signos evidentes de este proceso: cuestionamiento permanente de lo público, aumento del gasto sanitario privado y el crecimiento del comercio internacional de servicios de salud y de las inversiones en empresas hospitalarias y en compañías de seguro de salud.

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Olga Ruiz Legido es la secretaria general de FACUA.