FACUA Andalucía critica que la Junta vuelva a reducir aún más los controles en los negocios de tatuajes

FACUA Andalucía considera un paso atrás en la protección para los consumidores la nueva reforma de la normativa sobre los negocios de tatuajes que pretende aprobar la Junta de Andalucía. La federación señala que el Gobierno andaluz quiere abrir la puerta a un mayor descontrol al eliminar un modelo de inspección realizado por la administración pasando ahora a una situación de auditorías y autocontrol empresarial.

La Junta ya modificó en 2017 el decreto que regula la actividad de los establecimientos donde se realizan tatuajes y piercings, estableciendo un sistema de solicitud por "Declaración de Responsabilidad". Ahora vuelve a cambiar el texto para dotarlo de menos controles si cabe y más inseguridad para los usuarios.

Declaración responsable

El Decreto 71/2017 ya justificaba la eliminación del requisito de autorización previa y su sustitución por una declaración responsable en la Ley 3/2014 de 1 de octubre, que reduce las trabas admininstrativas para las empresas.

FACUA Andalucía entiende que la modificación de la norma debería haberse aprovechado para cambiar este sistema, ya que la Declaración de responsabilidad establece un sistema de control a posteriori tras seis meses de apertura, lo que puede dar la posibilidad de que un establecimiento que no reúna las condiciones sanitarias adecuadas intervenga a centenares de usuarios durante ese tiempo sin haber sido inspeccionado por la administración.

La federación considera que la actividad de este tipo de establecimientos no debe quedar a expensas de una mera declaración del propietario del negocio. En este sentido, la asociación recuerda que la situación actual de pandemia por coronavirus se suma a los riesgos que de por sí entraña la realización de tatuajes y piercings para la salud, que van desde una posible infección cutánea o una reacción alérgica a hemorragias, y, en casos extremos, puede implicar el contagio de enfermedades graves como la Hepatitis C.

De esta manera, FACUA Andalucía señala que debe aplicarse el criterio de razón imperiosa de interés general, para realizar en estos casos controles a priori, al afectar a elementos de la salud de los consumidores, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Plan de auditorías

Por otro lado, la modificación plantea en su artículo 8 la implantación de un "plan de auditorias sobre las medidas higiénico sanitarias de las actividades de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea establecidas en los sistemas de autocontrol" de los establecimientos e instalaciones.

FACUA Andalucía considera insuficiente que estas medidas estén garantizadas por parte del mismo sector o auditoras que dependan directamente del mismo. Más aún en situaciones de crisis sanitarias como la provocada actualmente por el Covid-19, donde las medidas de prevención e inspección no deben relajarse por parte de la administración, sino incrementarse.

En cuanto a la esterilización, FACUA Andalucía critica que la nueva reforma no establezca requisitos mínimos ni control de la adecuación del protocolo a la actividad. Es más, descarga este servicio en agentes externos sin que haya referencia alguna a control administrativo sobre si los protocolos son los adecuados. Así, el artículo 12.5 señala que "el mantenimiento del equipo o equipos de esterilización se realizará por un servicio técnico competente con la periodicidad recomendada por la persona fabricante", siguiendo un "protocolo escrito de limpieza y de desinfección del equipamiento, material e instrumental sanitario queno sea de un solo uso de acuerdo con las instrucciones del fabricante".

Plazos desproporcionados para la adaptación de los profesionales

Otra cuestión que se modifica es el periodo de tiempo de adaptación de los profesionales a la nueva normativa. Con el decreto anterior se establecía un plazo de tres años, que cumpliría el próximo 13 de junio. El nuevo texto lo amplía hasta el 1 de marzo de 2022.

FACUA Andalucía considera más que suficiente el plazo dado en el anterior decreto para adaptar los elementos formativos, por lo que no entiende el motivo de ampliarlo aún más. No es asumible, señala la federación, que a día de hoy en Andalucía puedan ejercer esta actividad personas que carecen de la formación necesaria, una actividad que afecta de forma directa a la salud de los consumidores.