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FACUA Madrid insta a la Comunidad a emprender una mejora legislativa de sus servicios sociales
La actual ley no reconoce los derechos de los usuarios de estos servicios de forma universal, y sólo existe un documento a modo de declaración de intenciones y objetivos.
FACUA Madrid ha solicitado al gobierno regional que mejore la ley que regula los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, ya que en ella no se reconoce los derechos de los usuarios en dicha materia de forma universal, por lo que no se puede exigir a las Administraciones Públicas competentes su obligación de garantizarlos.
En este sentido, la asociación ha instado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid un catálogo o cartera que desarrolle dichos derechos, ya que tan sólo existe hoy en día la Carta Marco de Derechos Sociales de la Comunidad de Madrid.
Este documento, ajeno a legislación, es más una declaración de intenciones y objetivos que una garantía real de la inserción de todos los usuarios que encuentran dificultades en su desarrollo de bienestar social, indica FACUA Madrid.
Modificación del Plan Estratégico y del Estatuto de Autonomía
Además, la asociación ha denunciado ante la Consejería de Servicios Sociales que, si bien es cierto que la Comunidad de Madrid tiene vigente un Plan Estratégico o Mapa de Cobertura de Servicios Sociales, éste no cuenta con una memoria económica. Por tanto, no es posible estimar el gasto corriente público por cada servicio o prestación como sí hacen otras comunidades, en las que en la memoria se multiplica el número de plazas, usuarios y/o perceptores por el gasto corriente público.
Por ello, FACUA Madrid ha solicitado también al Gobierno de Díaz Ayuso que es conveniente impulsar la modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para que se recoja el Sistema de Servicios Sociales como un derecho reconocido a la ciudadanía.
Asimismo, la asociación ha recordado al Organismo que presentó en junio de 2020 un proyecto de nueva Ley de Servicios Sociales que, tras finalizar la fase de consulta, no se ha terminado de materializar. Por tanto, es necesario que desde la Administración Pública se finalice la norma y se mejore legislativamente apostando por unos servicios de calidad.
