Por una transición energética justa, sostenible y democrática

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de la Agenda 2030 pretende garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas y duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

La agenda 2030 da un nuevo impulso al proceso de transición energética, definida como el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de energía para conseguir un sistema más sostenible, justo y democrático. El objetivo de transformar un sistema energético basado en los combustibles fósiles en un sistema energético basado en las energías renovables ha de abordarse de forma equitativa y con la participación de la ciudadanía. De esta forma, los consumidores deben pasar a ser sujetos activos de un nuevo modelo que les garantice el acceso a la energía en condiciones de calidad y sostenibilidad.

En FACUA-Consumidores en Acción defendemos un modelo energético basado en la descarbonización, las energías renovables, la democratización energética, la planificación, la participación ciudadana y la no exclusión o garantía de acceso a servicios y suministros energéticos esenciales para los consumidores domésticos.

Una transición energética justa supone no solo una apuesta clara y decidida por las energías renovables y la descarbonización sino también por minimizar la pobreza energética y garantizar el acceso a los suministros energéticos, unos servicios que son esenciales y básicos para la población, y hacerlo a precios asequibles para los consumidores, en condiciones de calidad y sostenibilidad. El empobrecimiento de millones de familias trabajadoras en estos años ha venido de la mano del incremento de precios de la energía y de los abusos en el sector.

Medidas contra el elevado precio de la energía

La escalada de precios de la energía ha tenido un mayor impacto en los consumidores domésticos y, muy especialmente, en los consumidores vulnerables. Esta situación ha dado lugar a un aumento de las desigualdades sociales y un empeoramiento de las condiciones de los hogares españoles para hacer frente al pago de las facturas energéticas, agravándose la situación de pobreza.

De otra parte, la opacidad y complejidad del funcionamiento de los mercados energéticos han generado una clara situación de exclusión de los consumidores de todos los ámbitos de su relación: conocimiento, decisión y acceso al suministro.

Años después de la puesta en marcha de los procesos de liberalización y privatización energética en Europa, tenemos un mercado oligopólico, con un funcionamiento opaco y especulativo que se traduce en precios muy altos de la energía para los consumidores, en abusos en la deficiente información que recibe el consumidor y en la contratación de los servicios y en problemas de calidad de suministro.

FACUA reclama medidas para proteger los derechos de los usuarios frente a los abusos del sector eléctrico. Hacer frente a la pobreza energética de una manera eficaz y garantizar el acceso al suministro eléctrico a unos precios razonables debería ser prioritario para los gobiernos y una obligación de servicio público para las empresas eléctricas. La luz es esencial para el desarrollo de una vida digna y no puede seguir siendo una mercancía más, sujeta a los movimientos de los mercados y al principio de maximización de los beneficios empresariales.

Para evitar los abusos en el sector eléctrico y garantizar la accesibilidad a un suministro básico FACUA reivindica:

Fin a los abusos tarifarios con una reforma integral del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista que realmente limite de forma directa el precio del MWh.

El mecanismo autorizado por Bruselas a España y Portugal (la llamada excepción ibérica), con el establecimiento de un tope al precio del gas, resulta insuficiente ya que sigue sin garantizar un recibo asequible para los consumidores domésticos.

Revisión del bono social para que se configure como una auténtica tarifa social que beneficie realmente a todas aquellas personas que tienen limitado por razones económicas el acceso a suministros básicos de gas y electricidad.

Coordinación entre Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la articulación de un procedimiento coordinado mediante el cual a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y prestaciones sociales de ámbito local, se les garantice el acceso a suministros básicos como la luz y el gas.

Impuesto sobre el beneficio de las eléctricas. La bajada del IVA sobre la electricidad y la disminución de ingresos para las arcas del Estado debe compensarse con una reforma de sistema impositivo y debe aprobarse el llamado impuesto a los beneficios de las eléctricas, para que paguen más quienes tienen mayores recursos y obtienen pingües beneficios.

Recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas para integrarlas en una empresa pública productora o generadora de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios más justos que contribuyan a reducir la factura de la luz.

Prohibición de cortes de suministro por razones económicas. Debe garantizarse el acceso al suministro de luz y gas a las familias y evitar que se produzcan cortes de suministros básicos a aquellas familias que sufren vulnerabilidad económica. El coste de esta medida debe ser compartido con las empresas como obligación de servicio público.

Control de las prácticas y ofertas fraudulentas. Puesta en marcha de mecanismos de control coordinados entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas para detectar, multar y alertar públicamente de las ofertas engañosas lanzadas por las eléctricas en el mercado libre.

Establecimiento de un mecanismo de precios estable y realmente transparente para el consumidor final, que le permita conocerlos con carácter previo a sus decisiones de consumo.

El derecho de acceso a la energía es un objetivo esencial en la transición energética y su consecución vendrá de la mano de la asequibilidad de su precio, pero también del fomento del autoconsumo y la eficiencia para mitigar las situaciones de vulnerabilidad y pobreza energética.

Impulso de las renovables y promoción de políticas de eficiencia energética

Una transición energética justa pasa también por una apuesta clara y valiente por las energías renovables, el autoconsumo y la promoción de políticas eficaces de ahorro y eficiencia energética.

El uso de energías renovables debe favorecer las comunidades de usuarios fortaleciendo el marco normativo para fomentar la existencia de los llamados prosumidores, consumidores que producen su propia energía mediante las renovables. Es preciso impulsar una mayor participación de los consumidores en el mercado de la electricidad a través de su implicación en la generación de energía o en los proyectos de creación de nuevas comunidades energéticas locales.

Las medidas que se adopten en la transición energética deben apoyar a aquellas iniciativas que permitan desarrollar comunidades energéticas, priorizando entornos locales y zonas desfavorecidas que actúen como motor de cambio y favoreciendo la participación de los consumidores, promoviendo el autoconsumo y las comunidades de generación de energía.

Las administraciones públicas competentes deben igualmente ser un referente en el cambio de modelo, tanto en el uso de renovables como en la puesta en marcha de planes de eficiencia dentro de espacios públicos, creando aprovechamientos del espacio urbano para la generación de renovables e instaurando medidas de control y seguimiento sobre el consumo energético de las distintas entidades públicas y administraciones, favoreciendo el uso eficiente de la energía en y desde el sector público.

Transición energética justa y sostenible desde un enfoque transversal

Necesitamos un cambio de modelo que garantice un acceso justo de los consumidores de nuestro país a los suministros energéticos en calidad, precio y condiciones de sostenibilidad y ello implica no solo cambios en la regulación del sector energético sino también en otros, como por ejemplo en el desarrollo de políticas de vivienda y movilidad coherentes con los objetivos de la transición energética y la Agenda 2030.

En este sentido, la apuesta por el transporte colectivo debería ser una prioridad, así como modelos urbanísticos de ciudad integradora y de proximidad. El cambio no vendrá solo de la mano de la tecnología sino del propio modelo de sociedad y de una concepción comunitaria y colectiva, menos individualista, de cómo movernos y como relacionarnos con nuestro entorno, en definitiva, de cómo vivir.

De igual manera, los criterios técnicos y de calidad en la construcción, rehabilitación y acondicionamiento de viviendas y edificios de uso público y su regulación deben ser coherentes con estos principios de cambio de modelo.

Un modelo basado en la garantía de acceso a la energía desde la eficiencia energética y una correcta planificación y ordenación de las instalaciones de energía renovable, desde el respeto a los territorios y la biodiversidad.

Hay que apoyar y ayudar a las inversiones en eficiencia energética y la rehabilitación de aquellos hogares con consumidores vulnerables, además de promover la tenencia de equipamiento doméstico energéticamente más eficiente, incidiendo en un cambio en los comportamientos de consumo, pero es preciso revisar el enfoque y procedimiento de estas ayudas de forma que beneficien realmente a los consumidores, y no solo a fabricantes y vendedores, y a los colectivos con más necesidades.

El conocimiento, la información y la participación de la ciudadanía son ejes fundamentales sobre los que debe apoyarse el cambio de modelo y que favorecerían la implicación de la ciudadanía en la consecución de los objetivos de la transición energética.

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Olga Ruiz Legido es la presidenta de FACUA.