FACUA Madrid critica al Gobierno de Ayuso por su pasividad ante las continuas subidas del alquiler

La asociación pide una normativa que proteja a los inquilinos de la especulación del suelo y que se reajusten los contratos a precios justos y condiciones estables.

FACUA Madrid critica al Gobierno de Ayuso por su pasividad ante las continuas subidas del alquiler
Imagen: Europa Press.

FACUA Madrid se ha dirigido a la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid para pedirle que intervenga en la desproporcionada subida en el precio del alquiler de las viviendas gestionadas por fondos buitres como Blackstone, a través de sus Socimis Fidere y Testa.

La asociación considera que no es solo un problema de los inmuebles gestionados por estas empresas, sino que se trata de algo endémico que ocurre en toda la Comunidad ante la pasividad del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso a la hora de aplicar leyes que protejan a los usuarios y ayudas destinadas a las personas con menos recursos.

Por ello, FACUA Madrid se ha dirigido por escrito en varias ocasiones a la Consejería de Vivienda con el fin de que trabaje en una normativa que proteja a los inquilinos de la especulación del suelo que hacen muchas empresas. Se pide además que se reajusten las condiciones del alquiler a precios y plazos justos y adecuados, y se ofrezcan contratos con condiciones estables y dignas.

En esta ocasión también se ha dirigido al Defensor del Pueblo para solicitarle que intervenga y les proteja ante dichas prácticas abusivas.

Apoyo al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid

La asociación muestra su apoyo al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, quién lleva tiempo denunciando la situación en la que se encuentran muchos usuarios al ver cómo el precio de su alquiler ha subido casi un 60%. Según las últimas informaciones, los vecinos de Torrejón de Ardoz, Alcorcón y Vallecas han visto cómo para renovar su contrato con dichos fondos les piden pasar de pagar unos 740 a 1.176 euros al mes.

A su vez, desde el sindicato también denuncian que ofrecen condiciones diferentes a los inquilinos en el marco de las negociaciones individuales, otorgándoles distintos porcentajes de subida, así como distintos plazos de prórroga y a algunos mayores beneficios que otros, con el fin de evitar una negociación colectiva.

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