FACUA Madrid critica que el Gobierno de Almeida ceda suelo público a la Iglesia sin motivo

La asociación considera que deberían destinar dichos espacios a la construcción de centros educativos, deportivos o vivienda pública.

FACUA Madrid critica que el Gobierno de Almeida ceda suelo público a la Iglesia sin motivo
Imagen: Jesús Hellín (Europa Press).

FACUA Madrid ha solicitado al área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid que continúen siendo de uso público las tres parcelas municipales ubicadas en los distritos de Moncloa-Aravaca, Usera y Vallecas que quieren ceder a la Iglesia sin ninguna justificación.

La asociación ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación que el consistorio de la capital ha acordado la cesión de dichos terrenos durante 75 años, los cuáles ocupan una superficie de más de 8.800 metros cuadros y están valorados en más de 700.000 euros.

En este sentido, FACUA Madrid critica que solamente en el barrio de Almendrales, en el distrito de Usera, el uso puede ir destinado a la construcción de centros educativos como, por ejemplo, institutos públicos, pues actualmente no hay ninguno.

Con respecto a los otros dos terrenos, la asociación considera que los esfuerzos del ente público deberían ir destinados a la instalación de centros deportivos o la creación de vivienda pública, y que dicha gestión se haga a través del propio consistorio sin externalizar los servicios derivados de ella.

Por ello, FACUA Madrid critica la continua política de cesión de espacios municipales a entidades privadas o religiosas, o la gestión de los servicios a empresas, en lugar de llevarlas a cabo a través del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

Por tanto, la asociación considera que José Luis Martínez-Almeida debería velar por los intereses de los usuarios y apostar por la utilización de los recursos públicos, puesto que estos procesos de privatización conllevan dar un paso atrás en derechos, vulnerando los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica propia de la función pública.

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