FACUA Asturias exige recuperar el servicio de transporte adaptado de los centros de mayores

FACUA Asturias ha reclamado al Gobierno del Principado de Asturias la reposición del servicio de transportes adaptado que hasta el pasado 1 de febrero ofrecía a los Centros Polivalentes de Recursos para Personas Mayores y Centros de Día del ERA La Vega (Mieres), Clara Ferrer (Gijón), El Cristo, Naranco y Santa Teresa (Oviedo), Valentín Palacio (Siero), El Nodo (Avilés) y Palacio de Villar (Castrillón).

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias ha dejado igualmente sin servicio las rutas que servían a Los Canapés, en Avilés, La Tenderina, en Oviedo, el de Sotrondio, en San Martín, y el de Riaño, que ofrecía la empresa concesionaria Adpatrans, lo que supone un perjuicio para centenares de personas, que ven agravada su situación de vulnerabilidad.

La asociación ha explicado que estos servicios de transporte servían para la conciliación laboral de las personas cuidadoras de personas mayores y dependientes, dado que las trasladaban hasta las instalaciones de estos centros polivalentes donde permanecían con los cuidados necesarios y en condiciones de seguridad mientras duraba su jornada laboral.

Al respecto, FACUA Asturias advierte al Gobierno del Principado que la cancelación de los servicios de transporte adaptados causa un perjuicio para los habitantes de los municipios afectados, que encuentran dificultades añadidas para llevar a sus familiares o allegados hasta estos centros por su cuenta, bien por las distancias, horarios laborales o, incluso, por falta de medios.

Ante esta situación, la asociación, en virtud de la Ley de los Consumidores y Usuarios del Principado de Asturias, ha exigido a la administración asturiana que garantice a las personas que deban acudir a los Centros de Día un medio de transporte adecuado a las necesidades.

Qué dice la ley

La asociación ha recordado al Gobierno del Principado de Asturias la responsabilidad que tiene especialmente con personas mayores y dependientes respecto a cuestiones de movilidad. Así lo explicita el apartado segundo del artículo 8 de la la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: "Los poderes públicos promocionarán políticas y actuaciones tendentes a garantizar sus derechos en condiciones de igualdad, con arreglo a la concreta situación de vulnerabilidad en la que se encuentren, tratando de evitar, en cualquier caso, trámites que puedan dificultar el ejercicio de los mismos".

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social contempla en el apartado primero del artículo 29 que "todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad".

La Ley de los Consumidores y Usuarios del Principado de Asturias refleja en el artículo 5 que "los colectivos de consumidores y usuarios que, por circunstancias especiales, se encuentren en una situación de inferioridad, subordinación, indefensión o desprotección más acusada, serán objeto de atención prioritaria en las actuaciones que se desarrollen en ejecución de esta Ley".

El mismo texto añade que tendrán preferencia personas con discapacidad, personas mayores, así como los sectores económicos y sociales más débiles. De su parte, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias, indica que "son derechos básicos de los consumidores y usuarios la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos".