FACUA Comunidad Valenciana ha participado el pasado martes 28 de febrero en una concentración en Valencia, junto a activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), para reclamar una Ley de Vivienda con "mejoras que no sean cosméticas".
Asimismo, los asistentes han exigido que esta medida blinde "de forma efectiva" el derecho a la vivienda e incluya aspectos como la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, el tope a los alquileres y la garantía de suministros básicos. Además, han segurado que "si va a ser una ley que siga dejando fuera a los vulnerables, nos van a tener enfrente".
Según indica Europa Press, la concentración ha arrancado a las 10 horas frente a la plaza de toros de Valencia, donde los participantes han mostrado pancartas y carteles que han reivindicado 'Una ley estatal que garantice el derecho a la vivienda', 'Garantizar una segunda oportunidad efectiva a los hogares con deuda hipotecaria' y una 'Regulación estatal de alquileres a los precios adecuados a los salarios de la población'.
Por otra parte, se han gritado consignas como "no pot ser gente sense casa ni casa sense gent" (no puede ser que haya gente sin casa ni casa sin gente) o "hay niños en la calle y no le importa a nadie".
Representantes de la PAH, en declaraciones a los medios, han reclamado que la Ley Estatal de Vivienda debe recoger, entre otros aspectos, "suministros básicos garantizados", "alquiler social obligatorio", "un tope a los alquileres", "controles de precios", que "no haya desahucios sin alternativa habitacional" y debe hacer que "la vivienda habitual sea intocable".
Así, han pedido también una "Ley de Segunda Oportunidad real y digna que no sólo que libere a al afectado, sino también a los avalistas".
Los portavoces han trasladado la "gran preocupación" de la plataforma ante la "emergencia habitacional" y han explicado que hay 13.400 demandantes de vivienda en la Comunitat Valenciana, "miles de ejecución hipotecarias y finalizaciones de contratos que no quieren renovar", mientras que el parque público supone "un 0,7% en el total de viviendas", cuando la media europea está "en torno al diez o el doce por ciento".
En este escenario, las organizaciones han denunciado que "no hay actualmente una negociación" para la Ley estatal de Vivienda y que "los políticos no quieren negociar" con la plataforma ni "saber nada" de lo que propone. "Tenemos el apoyo de ocho partidos políticos, entre los que desgraciadamente no está ningún partido de derechas y tampoco está el PSOE. Al final quien tiene que negociar es el Gobierno y no nos están llamando", han criticado.
"Si va a haber una ley que no va a resolver los problemas de la gente, nos vamos a poner enfrente", han advertido portavoces que tachan de "vergonzoso que después de 14 años de lucha estemos aún en estas condiciones".
Los representantes han manifestado que están "hartos de estrategias políticas" y han reclamado "un planteamiento de Estado" porque "el derecho a la vivienda no es algo que tengan que defender organizaciones no gubernamentales, la PAH o el Sindicat de Llogaters".
Asimismo, las entidades participantes han saludado el decreto aprobado por el Consell contra el acoso inmobiliario y el de medidas urgentes que abre la puerta a expropiaciones forzosas a grandes tenedores y fondos buitre. También han valorado que se adquieran 500 viviendas de la Sareb, pero ha lamentado que los ciudadanos "tengan que volver a pagarlas".