FACUA exige a Transportes nuevos trenes y garantizar un servicio regular de FEVE en Asturias y Cantabria

FACUA Asturias ha reclamado al Principado de Asturias y al Gobierno de España que garanticen un servicio de transporte público regular y de calidad para los usuarios de Renfe y FEVE en Asturias y Cantabria, y que no se retrase hasta 2026 la instalación de los nuevos trenes, tras el escándalo del error de los gálibos.

En una instancia elevada a la Dirección General de Transportes y Movilidad y al Ministerio de Consumo, la asociación ha defendido que el plazo para la entrega de los nuevos trenes no es acorde con la urgencia de su puesta en marcha. Para FACUA Asturias el plazo que las autoridades han dado de tres años hasta la puesta en servicio resulta excesivo e innecesario.

Aunque los trenes de Cercanías serán gratuitos en Asturias y Cantabria, para compensar el error en el tamaño de los trenes encargados y el retraso en su instalación, FACUA Asturias insta a las autoridades a poner soluciones a las averías y retrasos que sufren los trenes de FEVE, que generan cada semana un severo malestar entre los usuarios del servicio.

La asociación insiste en que el precario funcionamiento de los trenes provoca indignación y desasosiego entre los habitantes de las poblaciones que dependen de este transporte público para acudir a sus centros de trabajo y enfrentan diariamente la incertidumbre de si podrán llegar a tiempo o si van a demorar más de lo previsto en sus trayectos.

Reclamaciones para normalizar un servicio precario

FACUA Asturias se ha dirigido en diferentes ocasiones al Gobierno de España para exigir la necesidad de disponer de una red de ferrocarriles con un estado de funcionamiento y de frecuencia óptimos, indispensable para garantizar un transporte público de calidad en cualquier región, no siendo el Principado de Asturias una excepción al respecto.

La asociación defiende además que el funcionamiento correcto y eficiente del transporte público tiene efectos positivos para cualquier población, como la menor contaminación, la disminución de atascos y la promoción de condiciones de igualdad entre los ciudadanos al otorgarles una posibilidad de desplazamiento con independencia de su edad, estado físico o situación financiera, siendo precisamente el buen funcionamiento del transporte público una forma eficiente de garantizar el cumplimiento del artículo 19 de la Constitución Española, en donde se refleja que "los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional".