La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) niega ahora que firmase el acuerdo que anunció con Facebook en 2021 por el que retiró una demanda millonaria contra la multinacional en la que reclamaba indemnizaciones por irregularidades en materia de privacidad. Demandas similares fueron retiradas también por las organizaciones hermanas de la OCU en Portugal (Deco Proteste), Italia (Altroconsumo) y Bélgica (Test Achats/Test Aankoop), todas ellas miembros de la federación Euroconsumers.
Los más de 47.000 consumidores que facilitaron sus datos a la OCU para inscribirse en su campaña no vieron ni un céntimo de los "al menos, 200 euros" que anunció que reclamaría a la multinacional estadounidense. En lugar de una indemnización económica, la organización les ofreció suscripciones gratuitas a una de sus revistas y otros servicios como "parte de las iniciativas" incluidas en el acuerdo con Facebook.
Consumo ha requerido el documento a la OCU
El Ministerio de Consumo lleva meses esperando que la OCU le conteste a un requerimiento de información sobre el acuerdo con Facebook, según ha publicado este martes El País. El diario ha revelado que el departamento que dirige Alberto Garzón está investigando 47 convenios con empresas que la OCU ha depositado en Consumo desde 2018 tras una denuncia de FACUA por realizar publicidad de ofertas de operadores del mercado, en muchos casos a cambio de comisiones por la captación de clientes para empresas del sector energético, asegurador, de las telecomunicaciones y de la intermediación financiera.
La OCU niega ahora que firmase el acuerdo que anunció con Facebook por el que retiró una demanda millonaria. En lugar de los 200€ que reclamaba para cada usuario, acabó ofreciendo suscripciones gratuitas a sus revistas a los 47.000 que captó en su campañahttps://t.co/6LuWK4jKDm
— FACUA (@FACUA) August 24, 2023
FACUA también ha solicitado información a la OCU sobre el convenio. En respuesta, Enrique García, del departamento de prensa y relaciones institucionales y uno de los portavoces de la organización, ha asegurado por correo electrónico que "OCU no ha firmado ningún convenio con Facebook sujeto a las obligaciones del artículo 30 de la Ley General de Defensa de los Consumidores".
Con esa ambigüedad, la contestación de la OCU, fechada el pasado 10 de julio, no aclara si quiere decir que no firmó ningún convenio o que el que firmó no está sujeto a las obligaciones que marca el citado artículo de la ley. Pero resulta que dicho artículo dice que todos los convenios o acuerdos de colaboración de las asociaciones de consumidores con empresas, sin excepción, deben cumplir, entre otros, el requisito de ser depositados en el organismo del Gobierno de España competente en materia de consumo.
A continuación, García señala en su respuesta a FACUA que "OCU hizo públicos los términos del periodo de colaboración con Facebook acordado con el grupo Euroconsumers" y facilita un enlace al comunicado de prensa conjunto que publicaron el 28 de mayo de 2021. El texto de comunicado no habla de "convenio" ni de "acuerdo", sino de "periodo" y "relación" de colaboración. A lo que sí alude es a que la OCU y Facebook habían "acordado" poner fin a su "relación litigiosa".
"OCU ya informó a la prensa"
El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, ya había solicitado el texto del acuerdo a la OCU hace casi dos años. Tampoco atendió a su petición. En lugar de ello, la directora de la OCU, Esther Rodríguez Uceda, le contestó lo siguiente el 2 de noviembre de 2021: "Me pongo en contacto con Vd. en nombre de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), para responderle a la petición que nos ha enviado a través del departamento de prensa de OCU, relativa al acuerdo de colaboración alcanzado entre Euroconsumers y Faceboock” (sic). En este sentido, he de recordarle que OCU ya informó a la prensa sobre este asunto, como bien sabe FACUA, quiero informarle que no hay ninguna novedad sobre este asunto".
En esa anterior respuesta, Rodríguez indicaba que el acuerdo se había alcanzado entre Euroconsumers —la organización internacional de la que forma parte la OCU— y la multinacional estadounidense. Así que cabe interpretar que cuando el portavoz de la OCU indica en su respuesta que esta no ha alcanzado ningún acuerdo con Facebook sometido a las obligaciones que marca la ley se refiere a que el firmante del mismo es un tercero. Aunque lo cierto es que, tenga o no la firma de un representante de la OCU, el acuerdo vincula a esta organización ya que incluye entre sus condiciones la retirada de la demanda judicial que interpuso.
En 2021, la OCU envió un correo a los 47.000 usuarios inscritos en una campaña para reclamar a Facebook indemnizaciones de 200€. En él les comunicó un acuerdo por el que había retirado la demanda judicial y les ofrecía suscripciones gratis a sus revistas.https://t.co/T8wRpVxnmt pic.twitter.com/3j7TU8OIMM
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Suscripciones gratuitas
En cuanto al contenido del citado comunicado de prensa al que aluden las dos contestaciones de la OCU, en él no se hacían públicos todos los términos del acuerdo de colaboración con Facebook. Para conocer una parte del contenido de uno de esos términos, el relacionado con las compensaciones que recibirían las decenas de miles de usuarios que habían dado sus datos a la OCU, hay que acceder al mensaje de correo electrónico que la organización les envió a mediados de 2021.
En él, la OCU comunicaba a los usuarios que había "acordado una colaboración de tres años con Facebook". "Este acuerdo", señalaba el correo, "busca mejorar la experiencia digital de los consumidores y generar valor añadido para ellos". "Ponemos fin a la demanda colectiva presentada por OCU en España, para iniciar un nuevo periodo de colaboración, con el objetivo común de mejorar la protección de los usuarios", indicaba el texto.
Y a continuación, frente al mínimo de 200 euros que reclamaban en sus demandas judiciales las organizaciones de Euroconsumers para todos los usuarios de Facebook en cuatro países, la OCU informaba cuál sería la compensación acordada con Facebook. "Como parte de las iniciativas" del acuerdo, la OCU invitaba a los usuarios a darse de alta en la organización "de manera totalmente gratuita durante 6 meses", de manera que recibirían en sus domicilios su revista mensual OCU-Compra Maestra, podrían pedir una guía práctica cada mes, acceder a toda la información y comparadores de su web y formular dos consultas gratuitas a su asesoría jurídica.
Al indicar que todos esos servicios gratuitos formaban "parte de las iniciativas" del acuerdo, el texto del correo induce a interpretar que es Facebook la que pagó el precio de las mismas. Teniendo en cuenta que la OCU cobra a sus socios 1,95 euros por el envío de cada guía práctica que soliciten y 4,95 euros mensuales por la suscripción a la citada revista y el acceso a sus comparadores, el precio de esos servicios para los alrededor de 47.000 usuarios estaría en torno a los dos millones de euros. Y ello sin contar los inscritos en la campaña en Portugal, Bélgica e Italia, que sumados a los de España rondaban los 250.000, siempre según las cifras publicadas por Euroconsumers y sus organizaciones.
Las indemnizaciones que reclamaban en los tribunales la OCU y sus organizaciones hermanas representaban por tanto más 50 millones de euros para los usuarios que les facilitaron sus datos, de los que 9,4 millones correspondían a los españoles. Cantidades que podrían haber sido muy superiores en caso de éxito judicial si hubiera aumentado el número de usuarios de Facebook que reclamasen el dinero.
Para la "defensa jurídica de OCU y sus asociados contra Facebook", la organización contrató un despacho externo, Auren Abogados y Asesores Fiscales. El acuerdo con este despacho incluía "el posible caso de satisfaccion extraprocesal". "En el supuesto de alcanzarse un acuerdo extrajudicial", señalaba el documento, "en todo caso deberá reconocer una indemnización por usuario". FACUA ha accedido a él tras solicitarlo al Ministerio de Consumo a través del Portal de Transparencia.
El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid admitió a trámite la demanda colectiva de la OCU en julio de 2019. En enero del año siguiente, la confirmación judicial de una multa impuesta a Facebook por la autoridad de competencia italiana ante la falta de transparencia en el uso de los datos de los usuarios fue presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios como “un gran paso adelante y un fuerte espaldarazo” a sus acciones judiciales.
El origen
En 2018, los diarios The New York Times y The Observer destaparon que Facebook suministró irregularmente a la consultora de análisis de datos con sede en Londres Cambridge Analytica información de 87 millones de usuarios de la red social. Datos datos privados que fueron utilizados para manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones de Estados Unidos de 2016, donde Donald Trump resultó elegido presidente. Después se sabría que la empresa había cedido información privada de sus usuarios a más de 150 empresas tecnológicas, entre ellas Microsoft, Netflix, Spotify, Amazon y Yahoo.
Un año después de estallar el escándalo, la empresa de Mark Zuckerberg llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por el que se comprometió a modificar sus prácticas en materia de privacidad y aceptó abonar sendas multas de 5.000 y 100 millones de dólares, respectivamente —4.486 y 90 millones de euros al cambio en esa fecha—.
En enero de 2020, el Tribunal Administrativo Regional de Lazio, en Italia, confirmó una multa de 5 millones de euros impuesta a Facebook en ese país por la Autoridad Garante de la Competencia en el Mercado ante la falta de transparencia en el uso de los datos de los usuarios.
Un año después, la autoridad de competencia italiana impuso una nueva multa a la multinacional, esta vez de 7 millones, al no haber puesto fin a la práctica desleal por la que la sancionó anteriormente ni publicar el mensaje que le requirió en la página personal de cada usuario registrado en Italia. El organismo advirtió de que la información facilitada por la red social sobre los fines de la recopilación de los datos de los consumidores era “genérica e incompleta y no proporcionaba una distinción apropiada entre el uso de datos necesarios para la personalización del servicio (con el objetivo de facilitar la socialización con otros usuarios) y el uso de datos para llevar a cabo campañas publicitarias direccionadas”.
En septiembre de 2021, la autoridad de protección de datos de Irlanda impuso una multa de 225 millones de euros a la empresa —que tiene allí su sede europea debido a sus ventajes fiscales para las multinacionales tecnológicas— por violar la normativa de la UE. La sanción, dirigida a WhatsApp y acordada con el resto de organismos de protección de datos de los Estados miembros, estaba motivada por ocultar cuántos datos personales y de qué tipo comparte con el resto de empresas propiedad de Meta. Datos pertenecientes tanto a los usuarios de la aplicación de mensajería en toda la Unión Europea como a personas que no lo son, pero de las que también posee información.