La Audiencia Nacional obliga a ACS a devolver 210 millones de euros que se embolsó por el proyecto Castor

La Audiencia Nacional ha rechazado un recurso de Escal UGS, la sociedad controlada por ACS que promovió el fallido almacén de gas Castor, que esta empresa presentó contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que le obligó a devolver 209,7 millones de euros con cargo a la tarifa del gas.

Como informa eldiario.es, se trata de pagos que la promotora del Castor recibió en concepto de "retribución financiera" por los ejercicios 2014, 2016 y 2017.

En una sentencia del pasado 5 de julio, la sección 4 de la Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso de Escal contra la resolución de Competencia y condena a la demandante al pago de las costas procesales.

La Sala señala que "las liquidaciones anuladas de oficio por la CNMC son nulas de pleno derecho (y no meramente anulables) por haberse realizado a partir de un acto legislativo declarado nulo por el Tribunal Constitucional y exigirlo así la efectividad de esta declaración".

Dejó de usarse hace una década

Se trata del decreto-ley 13/2014 que aprobó el Gobierno del PP para pagar una indemnización exprés de 1.350 millones para ACS por la hibernación de ese almacenamiento submarino, en el que dejó de inyectarse gas hace ahora casi una década, en octubre de 2013, tras una sucesión de medio millar de microseísmos en esa zona cuando la infraestructura empezó a operar en pruebas.

Ese decreto fue declarado inconstitucional en diciembre de 2017 tras un recurso presentado por el PSOE, por no estar justificada la urgente y extraordinaria necesidad de esa norma. Esto propició que posteriormente la CNMC pusiera en revisión las liquidaciones que se habían satisfecho a Escal en esos tres ejercicios.

ACS recurrió para evitar hacer frente a la devolución

Finalmente, en julio de 2019 Competencia declaró la obligación de Escal de reintegrar, en un plazo de quince días, 209.721.751,27 euros al sistema gasista. Para no hacer frente a esos pagos, la filial de ACS recurrió a la Audiencia Nacional. Escal entró en concurso de acreedores en septiembre de 2019, poco después de esa millonaria reclamación de la CNMC.

Según la sentencia, la "pervivencia" de ese concepto de retribución financiera a favor de Escal UGS, "que es la consecuencia inmediata del contenido singular de la ley declarada inconstitucional", habría puesto "en jaque la propia eficacia de la sentencia constitucional".

La Audiencia rechaza, entre otras, cosas, el argumento de la filial de ACS de que la competencia de revisar los actos de la CNMC corresponda al Gobierno y no al regulador. Le recuerda que Competencia es una "autoridad administrativa independiente", no depende del Ejecutivo y la ley que regula su funcionamiento le prohíbe "solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada".

También en 2019, el Consejo de Ministros acordó el desmantelamiento y sellado de los pozos del Castor, que Escal trató de tumbar sin éxito en el Tribunal Supremo.

El proyecto Castor fue impulsado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministradores como Rusia. La última crisis energética puso de manifiesto que la infraestructura no era necesaria gracias a la red de regasificadoras de España, la mayor de Europa.