FACUA-Consumidores en Acción se encuentra cada vez más en el centro de algunos debates interesados, con importante repercusión en los medios de comunicación o a través de las redes sociales, que tratan de ubicarnos al servicio de los intereses de unos u otros partidos políticos, según las actuaciones que vayamos realizando en defensa de los derechos e intereses de los consumidores o la conveniencia partidaria de los que nos critican.

Somos conscientes de que las críticas, ya sean intencionadas o sinceras, que recibimos de parte de diferentes sectores políticos o ideológicos o de personas individuales son el precio que tenemos que pagar por nuestra posición beligerante contra los abusos que se producen en el mercado y también por nuestra independencia frente a todos los sectores políticos y económicos.

Cada sector interesado trata de colocarnos una etiqueta partidaria y nos acusan de estar al servicio de unos o de otros partidos, según contra quien lancemos nuestras críticas en cada momento o según les moleste a sus intereses lo que FACUA defienda o diga, o realizan fuertes campañas contra nuestro portavoz o algunos de sus directivos, confundiendo intencionadamente y con la finalidad de desprestigiar las legítimas opiniones personales de dichos compañeros con las opiniones y posiciones de FACUA.

A lo largo de los años, hemos denunciado con contundencia las graves deficiencias en las políticas de consumo de la Junta de Andalucía o hemos criticado que el gobierno autonómico, sustentado por el PSOE, ha favorecido de manera partidaria a la organización de consumidores de los socialistas de Andalucía, la UCA-UCE. Se nos ha acusado, según los momentos, de ser una organización que criticaba al PSOE con la intención de agradar al PP o a Izquierda Unida. Y en sentido contrario, cuando hemos apoyado medidas del gobierno andaluz, el PP nos ha acusado de estar al servicio del PSOE.

Cuando defendimos el derecho a la salud de los ciudadanos y desarrollamos una campaña para que los consumidores denuncien a los establecimientos de hostelería o a cualquier establecimiento privado u organismo público que no cumpla con lo establecido en la Ley del tabaco, se orquestó una campaña contra nuestra organización acusándonos de estar comprada por el Gobierno de España, en ese periodo sustentado por el PSOE, y trataron de manipular nuestra acción de defensa del derecho a la salud de los no fumadores, presentándola como un acoso contra los ciudadanos que quieran fumar.

De igual manera ocurrió cuando FACUA decidió apoyar la última huelga general convocada por los sindicatos CCOO y UGT y convocar a su vez un “Día sin compras”. Se nos acusó por parte de la Confederación empresarial de la CEOE, que agrupa a una parte de los comerciantes, de querer arruinar al pequeño comercio y de estar al servicio de los sindicatos.

En otras ocasiones, se nos ha acusado de estar sometidos a la disciplina comunista y de ser una organización de extrema izquierda, o de cometer actos de corrupción, como señaló insistentemente durante años el presidente de la corrupta seudoasociación de consumidores Ausbanc, hoy en la cárcel por formar parte de una organización criminal, por extorsión y por otros delitos pendientes de ser juzgados, y que años atrás tenía eco en algunos medios de comunicación y reconocimiento de algunos gobiernos de diferentes signos políticos.

Hace pocos años también se nos acusó de estar a favor de la piratería en Internet, cuando defendimos posiciones contrarias a la Ley Sinde, o se nos acusó de estar en contra del Gobierno socialista cuando hemos desarrollado una campaña contra el tarifazo en las eléctricas.

FACUA entiende que la discrepancia y el derecho a la crítica es consustancial con el estado de derecho y por ello asumimos que es algo normal en una sociedad democrática que se realicen críticas contra la gestión de los gobiernos y contra las actuaciones de los sindicatos, partidos, confesiones religiosas o de organizaciones de consumidores representativas como la nuestra.

Nosotros asumimos y aceptamos que habrá sectores y medios de comunicación cercanos al PP u otras fuerzas políticas de la derecha que se alegrarán de que FACUA critique las actuaciones del Gobierno socialista y nos aplaudirán por ello, y habrá sectores cercanos al PSOE que se molestarán por dichas críticas y podrán decir que estamos ayudando al PP, a Izquierda Unida o Podemos.

Finalmente, también sabemos que cuando defendamos y apoyemos medidas aprobadas por el Gobierno socialista porque las consideremos positivas para los derechos o intereses de los consumidores, los sectores y medios de comunicación cercanos al PP o a otras fuerzas de derecha nos criticarán y nos acusarán de estar comprados por el PSOE porque recibimos subvenciones, obviando por cierto, las que ha recibido la propia FACUA cuando gobernaba el PP o las que reciben las organizaciones integradas en FACUA en las comunidades o ayuntamientos gobernados por los populares u otras fuerzas políticas.

Estas acusaciones intencionadas y manipuladoras se han venido produciendo durante toda la existencia de FACUA desde sus orígenes y no van a impedir que nuestra organización siga defendiendo su independencia frente a todos los partidos políticos, sectores económicos o sindicatos, ni que denunciemos o critiquemos los abusos, los fraudes o las medidas que entendamos contrarias a los intereses de los consumidores. No importa quien las cometa, ni que las apruebe el Gobierno central o cualquier gobierno autonómico o ayuntamiento, sean del color que sean.

Asimismo, asumimos que habrá quien acuse a FACUA de hacer política con intención de tratar de desprestigiarnos por ello, olvidando que intervenir en la política de nuestra país es una obligación y un derecho de cualquier ciudadano o de cualquier organización social como la nuestra, pues la actividad política no debe ser patrimonio exclusivo de los partidos políticos. Por ello, FACUA seguirá desarrollando actividades políticas desde posiciones independientes y apartidarías, para defender los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, aparándonos en los derechos que consagra nuestra Constitución.

FACUA trabaja para lograr que sean los propios consumidores los que legitimen nuestra labor y nuestras actuaciones y logremos con ello que decenas de miles de ciudadanos se sigan asociando a nuestra asociación y financien los gastos propios de la organización con sus cuotas, pues somos conscientes que sólo se puede garantizar una independencia real frente a los gobiernos, partidos políticos, sindicatos o sectores empresariales si logramos la autofinanciación de nuestros gastos propios con las aportaciones de nuestros asociados y asociadas. Por ello, y gracias a los más de dos millones de euros que ingresamos en 2018 con las cuotas de nuestras decenas de miles de asociados de pleno derecho, seguiremos trabajando por ser una organización independiente aunque tengamos que pagar un alto precio, como consecuencia de las insidias, insultos y manipulaciones que vierten contra nosotros o contra nuestro portavoz, personas, grupos o instituciones.

Esta defensa de la necesidad de la autofinanciación no es contradictorio con la defensa de que se cumpla y se desarrolle en su totalidad el artículo 51 de nuestra Constitución, que establece que “los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la Ley establezca”. Y, por tanto, seguiremos defendiendo el derecho a recibir subvenciones públicas para poder desarrollar campañas de información, formación y denuncias, que favorezcan la defensa de los intereses y derechos del sector más débil del mercado, es decir los consumidores y usuarios, estén o no afiliados en asociaciones de consumidores, de la misma forma que las reciben también los partidos políticos, la Iglesia Católica, los sindicatos, las organizaciones empresariales y centenares de ONG.

Somos conscientes de que las acciones y actuaciones de una organización independiente y crítica como FACUA no siempre gustará a todos los ciudadanos o sectores económicos y sociales o políticos, pero en eso radica la grandeza de la democracia, en la existencia de contrapoderes y del derecho a la libre opinión.

Gracias a los ciudadanos, FACUA es un generador de opinión y una organización que ha puesto en marcha un movimiento social importante en defensa de los derechos de los consumidores frente a los abusos de un mercado cada vez más agresivo y cambiante.

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Paco Sánchez Legrán es presidente de FACUA.