La Constitución Española cumplió el pasado 6 de diciembre 40 años. En el ámbito de la protección de los consumidores, las efemérides deberían haber servido para hacer balance, reflexionar colectivamente sobre la situación actual y sobre los retos presentes y futuros que tenemos por delante para hacer realidad el artículo 51 del texto constitucional. 40 años después, el mandato claro que la Constitución dirigió a los poderes públicos está por cumplir y las políticas públicas de protección de los consumidores y usuarios en España sufren una lenta agonía, presentando síntomas de una enfermedad que se cronifica y que tiene los siguientes rasgos:

- Ausencia absoluta de protagonismo de las políticas públicas de protección al consumidor que pasan completamente desapercibidas para la ciudadanía.

- Escasa incidencia de la acción pública en este ámbito, fundamentalmente en el control del mercado, derivada de la falta de voluntad política para perseguir y sancionar conductas lesivas y abusivas de los derechos de los consumidores.

- Ausencia de un marco y un procedimiento sancionador eficaz, de carácter disuasorio y falta de transparencia e información sobre las medidas adoptadas ante abusos y fraudes en el mercado.

- Nula coordinación entre administraciones y falta de transversalidad en el diseño y desarrollo de las políticas públicas de protección de los consumidores. Es preciso avanzar en coordinación administrativa y competencial y en el uso más eficaz de los recursos destinados a perseguir conductas abusivas.

- Lentitud y vacíos regulatorios en la implementación de iniciativas que mejoren la posición del consumidor, sus derechos y garantías, tanto a nivel normativo como procedimental y del ejercicio práctico de sus derechos.

- Escasa participación del movimiento consumerista en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de protección de los consumidores y en la fijación de las prioridades.

- Debilitamiento de las estructuras administrativas destinadas al desarrollo de las políticas de protección del consumidor, con una importante escasez y precariedad de medios, tanto personales como materiales.

- Nulo fomento del asociacionismo de consumo por parte de la Administración, que no ayuda con ello a la vertebración de la sociedad y al fortalecimiento del movimiento de consumidores, con posiciones paternalistas en cuanto a la concepción de la protección de los consumidores y el papel de las administraciones y las organizaciones de consumidores.

- Nivel bajo de control de los requisitos que deben cumplir las organizaciones de consumidores.

- Escaso impulso de la participación social, que es asumida sólo de manera formal pero no real y con un claro abandono del papel que deben jugar los órganos de participación.

- Falta de apuesta real de los gobiernos por los sistemas y procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos, procedimientos administrativos tendentes a la reparación del daño, impulso de la mediación y el arbitraje de consumo, etc., con tendencia creciente a la judicialización de los abusos y fraudes.

Los importantes déficits existentes en las políticas públicas de protección de los consumidores abundan en una situación de desprotección cada vez mayor de la ciudadanía frente a los abusos que sufre e incrementan la impunidad del defraudador, aumentando los desequilibrios estructurales de las relaciones de mercado y la vulnerabilidad del consumidor.

La protección y defensa de los consumidores y usuarios, además de un principio rector de nuestro modelo social y económico, es un instrumento básico en la lucha contra los desequilibrios y las injusticias de un modelo económico como el actual, que se ceba fundamentalmente con las personas más débiles y vulnerables y se aprovecha de cualquier ausencia de control y vacío en la regulación para maximizar beneficios a costa de mermar derechos y garantías básicas.

El artículo 51 de la Constitución persigue equilibrar la posición dominante en el mercado de productores y distribuidores de bienes y servicios, de grandes sociedades que imponen condiciones a los consumidores, protegiéndolos frente a la indefensión en que pueden hallarse en sus relaciones con los primeros.

El síndrome tóxico producido por el aceite de colza adulterado en los años 80 afectó a miles de consumidores -generando daños graves en su salud-, supuso una enorme alarma social y fue un verdadero toque de atención sobre la necesidad de garantizar a la ciudadanía un mínimo de seguridad en relación con el consumo.

Desde esa fecha los macrofraudes se han sucedido, tanto en el ámbito de la salud como en el de los intereses económicos de los consumidores, y se ha puesto en evidencia que la acción pública ha sido hasta el momento incapaz de prevenir y corregir los grandes abusos de los mercados. Al contrario, los abusos han aumentado en estos años, y lo han hecho en sectores donde existían autoridades de regulación y control, con gobiernos que han renunciado a ponerles freno y han abandonado a su suerte a los consumidores y judicializado su protección.

Se hace más necesario que nunca hacer frente a esta situación en la que se une la inacción de los gobiernos con un aumento de los abusos y la desigualdad y una mayor concentración de poder de aquellos mismos que los provocan. Resulta urgente acometer políticas públicas de protección de los consumidores y usuarios que permitan aplicar y desarrollar el mandato constitucional.

Los imparables abusos en el sector de la banca, las telecomunicaciones, los servicios y suministros energéticos básicos, la sanidad o el grave problema de acceso y disfrute de una vivienda digna son, entre otros, ejemplos claros del marco actual de desprotección que viven los consumidores, que exigiría una respuesta proporcional por parte del gobierno estatal y de los autonómicos y locales. Ese fue el mandato constitucional del artículo 51 que hoy se encuentra completamente desatendido.

La virulencia de los fraudes que están sufriendo los consumidores en los últimos tiempos, la desigualdad creciente frente a los poderes económicos y la ausencia de mecanismos eficaces de protección hacen que hoy sea más necesario que nunca que la defensa de los consumidores y la lucha contra el fraude se conviertan en una política pública prioritaria en España.

Es necesario que el Estado y las comunidades autónomas lleven a cabo un auténtico control de los mercados y creen regulaciones suficientes para garantizar los derechos de consumidores y usuarios, que ofrezcan una respuesta contundente y eficaz frente a los abusos que sufren los consumidores con revisión del marco sancionador para hacerlo proporcional a las dimensiones de los fraudes y cumpla así un carácter preventivo y disuasorio.

Es preciso, además, que se desarrollen instrumentos eficaces para la resolución de los conflictos y para el reconocimiento del derecho a indemnización o reparación del daño causado a los consumidores por vías alternativas a la judicial, lenta y costosa para ellos. Se necesita de la intervención pública en sectores liberalizados (telecomunicaciones, energía…) para garantizar el acceso universal a los mismos, regular sus precios y mejorar el marco de protección de derechos de los usuarios, poniendo el freno a prácticas oligopolísticas.

Los consumidores necesitan organizaciones de consumidores fuertes, que cuenten con el apoyo y el respaldo de los poderes públicos, que actúen de auténtico contrapoder y que contribuyan a vertebrar a la sociedad civil. Se debe garantizar su participación real y efectiva en los organismos e instrumentos de regulación y control, tanto en sus órganos decisorios como consultivos, para equilibrar los intereses representados que hoy están claramente escorados hacia el sector empresarial.

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Olga Ruiz Legido es la secretaria general de FACUA.