El escándalo en la elección del penúltimo presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) propuesto impuesto por la actual ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha sido uno de los episodios más bochornosos ocurridos en un órgano inoperante al que ningún Gobierno ha prestado la debida atención y que a menudo se utiliza a modo de cortina de humo para tapar la ausencia de interlocución real entre el Ejecutivo de turno y las asociaciones de consumidores más representativas.

Cuando estalla un escándalo en materia de consumo, enviar a un cargo ministerial de rango medio o bajo a que comparezca en el CCU es la fórmula política habitual -aunque muchas veces ni siquiera se toman esa molestia- para cubrir el expediente fingiendo que se dialoga con el movimiento consumerista. Al ministro o ministra de turno sólo se ve el pelo allí el día de su constitución, cuando toca votar al presidente que propone impone. El número de reuniones bilaterales que han mantenido con las principales organizaciones de consumidores los ministros de consumo -o de cualquier cartera- en la historia de nuestra democracia se pueden contar con los dedos de un muñón.

A fin de cuentas, a los partidos que han gobernado España en los últimos cuarenta y tantos años nunca les ha interesado reconocer el papel, de relevancia constitucional, desempeñado por las organizaciones de consumidores más activas y representativas. Seguramente, en todos habrán pensado siempre que ya tenían bastante con los sindicatos como para que nuevos agentes inteasen colarse en el diálogo social para hacer de contrapoder frente a los empresarios.

Y han sido precisamente los empresarios, concretamente uno de los mayores bufetes de abogados del país, los que han estado a punto de contar con un caballo de Troya dentro del órgano consultivo del Gobierno integrado por ocho organizaciones y una cooperativa de consumidores.

El pasado 6 de febrero, horas después de que todas las organizaciones que componen el CCU a excepción de FACUA hubiesen dado su voto favorable a Carlos Lasarte, el candidato a presidente propuesto impuesto por la ministra Luisa Carcedo, el diario Expansión daba a conocer que Martínez-Echevarría Abogados lo fichaba como "director del departamento de protección de consumidores y usuarios del despacho en la capital". Por la noche, el Ministerio anunciaba el cese de Lasarte "tras detectarse un conflicto de intereses".

Para garantizar su neutralidad e imparcialidad respecto del Gobierno y otros intereses, el presidente de un órgano consultivo integrado exclusivamente por organizaciones de consumidores no debería ser quien proponga imponga el Ejecutivo, sino una persona propuesta por las propias asociaciones y, preferentemente, uno de los vocales del propio CCU. Así ocurre, por ejemplo, con el Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía y el Consejo Regional de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha.

El presidente de un órgano que representa a las asociaciones de consumidores consideradas más representativas por el Gobierno -que ni se molesta en verificar si cumplen con el requisito de tener más de 10.000 socios- debe limitarse a ser la voz de las decisiones adoptadas de forma mayoritaria por estas organizaciones en el seno del CCU y no dedicarse a orientar políticamente cuáles deben ser o no estas decisiones.

La anterior presidenta, una comisaria política

Basta echar la vista atrás con lo ocurrido durante el Gobierno de Rajoy, cuando la presidenta del CCU ejerció de comisaria política del PP para frenar y censurar iniciativas que resultaran críticas con el Ejecutivo. Manuela López Besteiro, frenó llegó incluso a parar la difusión de un comunicado de prensa del CCU donde se criticaba la pasividad gubernamental ante el fraude de Volkswagen.

En cualquier caso, la ministra Carcedo ha optado hacer oídos sordos a nuestras reivindicaciones y volver a proponer imponer a su candidato, nuevamente elegido con el voto favorable de todas las asociaciones del CCU con la excepción de FACUA-Consumidores en Acción. Desde el 26 de febrero, preside el Consejo el registrador de la propiedad Carlos Ballugera.

Miembro del Consejo de Dirección del Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide, Ballugera fue en 2015 el número 5 en la candidatura del Partido Socialista de Euskadi a la alcaldía de Gernika-Lumo. El pasado diciembre, La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de La Rioja logró que paralizase provisionalmente el desahucio de una mujer de 75 años con una discapacidad del 50% que es inquilina en una vivienda de su propiedad.

Aunque le avala una interesante trayectoria de reivindicaciones frente a las cláusulas abusivas, las primeras declaraciones públicas efectuadas por Ballugera tras su elección, en la que ha planteado que quiere impulsar iniciativas como que las empresas se adhieran a códigos de autorregulación, hacen temer que peque de creer que le han nombrado director general de Consumo en lugar de presidente de un órgano consultivo donde su papel es limitarse a moderar sus reuniones y ejercer de mero transmisor de sus decisiones.