FACUA Andalucía, CCOO, UGT, Al-Andalus y Comercio Andalucía reclaman a la Junta que apueste por retomar la alianza en defensa del comercio andaluz y abra un proceso de diálogo con los distintos agentes de la sociedad civil para garantizar el empleo y los derechos de los consumidores ante el escenario de crisis provocado por el Covid-19.

Las organizaciones, que en enero fundaron una plataforma en defensa del sector, instan al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla a que, en el marco de la apuesta política del Parlamento Andaluz por la llamada Alianza por Andalucía, se retome un compromiso expreso con la Alianza por el Comercio en Andalucía, que aprobó de forma unánime el Consejo de Comercio andaluz en octubre de 2018.

En este sentido, piden que se abra un proceso de diálogo para actualizar y adaptar los contenidos de dicha alianza a la situación actual de emergencia sanitaria, que gire en torno a varios ejes fundamentales.

Las organizaciones consideran imprescindible realizar políticas que potencien un consumo responsable, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad adquisitiva que están teniendo muchas familias andaluzas, regulando para ello elementos de contención ante periodos y escenarios consumistas generados artificialmente.

De igual forma, entienden necesario potenciar la legislación de garantía y protección de los consumidores, así como medidas destinadas a equiparar las reglas de juego con la que compiten los diferentes formatos -especialmente multinacionales del comercio online-; y la implementación, refuerzo y control de los mecanismos de prevención, higiene, EPIs, seguridad y salud en los establecimientos comerciales, para proteger la salud de consumidores y trabajadores y lanzar un mensaje de seguridad y confianza.

Por otro lado, consideran que se debe recuperar el consenso en la regulación, aplicación y racionalización de los horarios comerciales, modificando la desregulación radical impuesta por el Gobierno andaluz en el Decreto Ley 2/2020 -recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central-, que impacta gravemente en el pequeño y mediano comercio, así como en el volumen y calidad de empleo.

También, la necesidad de crear de medidas concretas e inmediatas que eviten la pérdida de tejido empresarial y de empleo en el sector comercial andaluz, permitiendo el sostenimiento y liquidez de las PYMEs, así como la continuidad del empleo mediante mecanismos no extintivos; promover un Plan Integral de formación para los trabajadores del sector y repensar, en diálogo con los actores del sector, el VI Plan de Fomento de Comercio Interior andaluz 2019-2022, que fue aprobado de forma unilateral y cuyas partidas económicas también fueron modificadas sin consenso alguno.

Este plan ha quedado descontextualizado por la crisis del Covid-19, por lo que los ritmos, dimensiones y acciones para adaptarlo a los cambios del sector deben ser otros. Las modificaciones deben realizarse apostando por la sostenibilidad del comercio presencial andaluz, como motor vertebrador de barrios y pueblos, y por el impulso de su necesaria transformación digital.

Las organizaciones recuerdan que el sector del comercio representa más del 11% del PIB de Andalucía, con más de 137.000 empresas que ocupan a 524.256 personas y con un volumen de negocio que supera los 93.000 millones de euros. Un tejido empresarial compuesto en un altísimo porcentaje por PYMEs locales -más del 95% de las empresas-, que generan más de dos terceras partes del empleo del sector y que son las más amenazadas por la crisis sanitaria y de actividad generada por el Covid-19.