FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que fije precios máximos para las gasolinas, un tope de 50 euros al megavatio hora (MWh) de electricidad en el mercado mayorista y la aplicación de un impuesto especial a las grandes compañías petroleras y energéticas. Se trata, advierte la asociación, de medidas perfectamente compatibles con las propuestas lanzadas desde la Comisión Europea en materia energética.

La asociación indica que la intervención estatal en los precios de la energía y los carburantes de automoción es esencial para frenar el daño irreparable que están causando las empresas de ambos sectores a los consumidores, tanto de forma directa en los recibos de los suministros domésticos y el coste de llenar el depósito de sus vehículos como por las subidas que están causando en multitud de productos y servicios.

La solución a la desmesurada carestía de la energía y los combustibles no puede pasar exclusivamente por bajadas en los impuestos y la parte regulada de las tarifas energéticas -como ocurrió el año pasado con la electricidad- o la entrega de posibles bonos o cheques a los consumidores a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, señala FACUA. En este sentido, exige al Gobierno que además de intervenir en sus precios, aplique una subida de impuestos a sectores que están inflando sus milmillonarios beneficios para sufragar las citadas medidas.

FACUA lamenta que el presidente Sánchez y la vicepresidenta Ribera estén dando la espalda a los consumidores y ninguneando a las organizaciones que representan sus intereses. Mientras que se han reunido esta semana con los máximos responsables de las grandes energéticas y petroleras, el presidente del Gobierno y la ministra competente en energía siguen sin reunirse con las organizaciones de consumidores representativas para escuchar sus reivindicaciones en relación a los precios de las electricidad, el gas y las gasolinas.

En este sentido, la asociación manifiesta que el mensaje que está trasladando el Gobierno es que está plegado a los intereses de los oligopolios de la energía y las gasolinas, dado que además de haberles anunciado que no les subirá los impuestos -pese a que Bruselas ha indicado que en esta coyuntura puede hacerse-, sigue sin emprender ni anunciar medidas de calado que representen un drástico recorte a sus enormes márgenes de beneficio.