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Tasa por utilización privativa del dominio público: las cuentas claras

Ayuntamientos como Barcelona y Madrid tratan de tomar las riendas de una tasa que supone una parte muy importante de los ingresos de los municipios y cuyo cálculo con frecuencia escapa a su control.

Por Ignacio Díaz Pérez

El Ayuntamiento de Barcelona y Endesa andan a la gresca por la tasa pública que debe abonar la compañía eléctrica por el aprovechamiento del dominio público en su propio beneficio. Tres millones de euros es lo que los separa de una paz tal vez imposible. El Ayuntamiento de Ada Colau dice que la empresa los ha pagado de menos. Y ésta, obviamente, lo niega.

Esta tasa representa una piedra angular en el capítulo de ingresos de los municipios, especialmente de los grandes. Y ayuntamientos como el de Barcelona o el de Madrid, gobernados por las nuevas formaciones políticas surgidas en el fragor de la crisis económica, sin intereses en las eléctricas, son conscientes de ello y están empeñados en exprimir sus posibilidades.

La diferencia básica entre un impuesto y una tasa es que, por el primero, quien tiene la obligación de hacer frente al mismo no recibe ninguna contraprestación directa. Es, por decirlo de algún modo, una contribución a la caja común, de la que, se supone, se beneficia el conjunto de la sociedad. O lo que es lo mismo, si lo miramos desde la perspectiva opuesta, la diferencia entre uno y otra radica en que quien paga la tasa sí recibe por ello una contraprestación concreta por parte de la administración.

Este es un punto de partida básico para entender por qué las empresas suministradoras (gas, electricidad, agua...) han de pagar, además de los impuestos correspondientes, la denominada tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, que así se llama, que los ayuntamientos tienen potestad para decidir si la cobran o no, y que por lo general representa unos ingresos nada desdeñables para el municipio.

En el propio nombre de este tributo hallamos la explicación del porqué de la tasa: utilización privativa, aprovechamiento del dominio público. Tal y como se recoge en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, son sujetos pasivos de esta tasa "las personas físicas o jurídicas (...) que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular". Está claro. El dominio público local se refiere al suelo, subsuelo o vuelo. En esencia, es la misma tasa que cobran los Ayuntamientos por la ocupación de la vía pública, por ejemplo, con veladores, andamios o vallas, por ejemplo.

Una puntualización: no se trata de un tributo automático, sino que para que los ayuntamientos puedan exigir su pago deben, previamente, acordar su imposición y aprobar la correspondiente ordenanza fiscal. Otra puntualización: prácticamente todos los ayuntamientos lo tienen contemplado en sus ordenanzas y, de hecho, lo cobran.

Fórmulas para el cálculo de la tasa

El artículo 24 de la LRHL fija las reglas para calcular la tasa. Son tres. La primera toma en consideración el valor que tendrían los bienes afectados en el mercado si no fueran de dominio público. La segunda, para los casos en que medie un procedimiento de licitación pública, calcula la tasa atendiendo al valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión o adjudicación. Y la tercera regla, cuando se trate de tasas por la "utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas".

Pues bien, justamente en este último punto con apariencia de ser tan concreto y específico es donde radica el conflicto entre Endesa y el Ayuntamiento de Barcelona. Hasta ahora, era la empresa la que hacía el cálculo de cuánto había de abonar, aplicando el 1,5% sobre los ingresos brutos obtenidos en el municipio que se recoge en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Pero el Ayuntamiento que preside Ada Colau ha dicho recientemente que las cuentas están mal y reclama tres millones de euros más por las cantidades impagadas hasta el momento.

Los cálculos de Endesa, sin embargo, son otros. No contabiliza entre sus ingresos brutos las cantidades que recauda a través de sus facturas pero que son para terceros, como por ejemplo la tasa para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la moratoria nuclear o, en su caso, los costes por insularidad, estos últimos no aplicables, obviamente, en el caso de la capital catalana.

El hecho de que hasta el momento la tasa por la utilización privativa de las empresas suministradoras se realice, en muchos casos -generalmente por falta de medios de los ayuntamientos- mediante un sistema de autoliquidación por parte de las compañías, complica a los ayuntamientos conocer si ésta se ajusta a sus ingresos brutos reales, o únicamente a los declarados, así como saber qué tipo de conceptos contabilizan o dejan fuera a la hora de calcular dichos ingresos brutos.

No es un caso aislado

No se trata, pese a lo que pudiera parecer, de un caso aislado ni extraño en el panorama nacional. En Madrid, al gobierno de Manuela Carmena tampoco le cuadran las cuentas con respecto a las liquidaciones que presentan las eléctricas, y en estos momentos trata, en colaboración con la Agencia Tributaria, de determinar el desfase.

Y la Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano fiscalizador que depende del Parlamento de Andalucía, en 2012 emitió un informe, con datos de 2010 (no ha habido posteriormente ninguna actualización al respecto), en el que recomendaba a la mayor parte de los ayuntamientos fiscalizados tomar medidas encaminadas a verificar las liquidaciones presentadas, en general, por las compañías suministradoras.

En el informe elaborado por la Cámara de Cuentas se señala que las cantidades abonadas por las empresas eléctricas representan aproximadamente el 63% de los ingresos que los ayuntamientos analizados obtienen por las tasas fiscalizadas, lo que no es precisamente una cantidad baladí.

Sin embargo, el propio estudio de este órgano señala que en la mayoría de los casos ese dinero realmente, aunque contabilice como ingreso, no se cobra, pues se compensa con las deudas que las corporaciones locales tienen con las compañías de electricidad por el alumbrado público y los servicios municipales.

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