El Gobierno se encuentra tramitando el Anteproyecto de Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, un proyecto normativo que se fija como objetivo teórico suplir la debilidad del consumidor en las relaciones de mercado, debilidad que se pone especialmente de manifiesto cuando, ante una práctica ilícita por parte del empresario, aquel decide acudir a la vía judicial. En estos casos, existe un desequilibrio entre las posiciones del consumidor y el empresario en detrimento del primero, entre otros elementos, por la diferencia de recursos al alcance de cada uno y de capacidad económica para soportar los gastos que un proceso judicial lleva consigo.

Las llamadas acciones colectiv