Han pasado tres años desde que estallara el caso Magrudis, el escándalo alimentario que provocó cuatro víctimas mortales, seis abortos y multitud de intoxicados. Por fin, la jueza instructora ha dictado el auto por el que envía a juicio a los cuatro máximos responsables de las empresas que estaban tras la marca La Mechá, su asesor financiero, su arquitecto y la veterinaria municipal que visitó las instalaciones pasando por alto gravísimas irregularidades.

Pero después de todo este tiempo, nadie ha adoptado las medidas necesarias para evitar que otro caso similar vuelva a repetirse ni para dotarnos de los instrumentos legales que garanticen más y mejor informaci&o