La democracia en nuestro país y la aprobación de la Constitución Española de 1978 inician el proceso para el establecimiento de un marco legal que garantice los derechos de las personas consumidoras y usuarias sobre el principio de que éstos son la parte más débil de las relaciones de consumo y que, por ello, los poderes públicos deben garantizar el respeto de sus derechos, la protección por medios eficaces de su seguridad y su salud y la defensa de sus intereses económicos, así como fomentar y oír a las asociaciones de consumidores como instrumentos que contribuyan a equilibrar el funcionamiento del mercado.

Ese marco legal, con base en el artículo 51 del texto constitucional, se desarrol