La Constitución Española de 1978 reconoció de forma expresa el carácter constitucional de las asociaciones de consumidores. Tal y como establece su artículo 51, «los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos», señalando también que «los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca».

Gracias a este mandato constitucional y desde que se aprobó en 1984 la Ley de Defensa de los Consumidores, todos los gobiernos tienen la obligación de apo