La Unión Europea lleva tiempo marcando un nuevo camino para la protección de los consumidores: reforzar el papel de las acciones colectivas como herramienta eficaz frente a abusos masivos de las empresas. El marco es la Directiva 2020/1828, que obliga a los Estados miembro a dotarse de mecanismos que permitan a las asociaciones de consumidores interponer demandas representativas con efectos amplios.

España, sin embargo, acumula retraso en su transposición. Este incumplimiento abre la puerta a sanciones europeas y, lo más grave, deja a los consumidores en una situación de debilidad frente a prácticas abusivas que podrían ser frenadas con un sistema ágil de demandas colectivas.

La representatividad como garantía frente a abusos

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