A finales de la década de los 70, el movimiento vecinal español impulsó la defensa de los consumidores en un contexto en el que, tanto a nivel europeo como internacional los derechos de los mismos empezaron a cobrar protagonismo y que, en nuestro país, cogió fuerza, sobre todo, tras la intoxicación masiva por el aceite de colza y la aprobación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Dicha norma se aceleró tras la citada crisis sanitaria y social derivada del síndrome tóxico producido por la venta y consumo de aceite de colza adulterado, y supuso la toma de conciencia sobre la necesidad de garantizar la seguridad en el consumo y unos derechos básicos de los co