El pasado mes de abril de 2025 se cumplió el plazo que establecía la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obligaba a todos los ayuntamientos de localidades de más de 5.000 habitantes a contar con una tasa de basuras que refleje el coste real del servicio. El objetivo: mejorar la gestión de residuos e implantar el principio de quien ensucie y recicle menos pague más.

Pero la aplicación de esta ley —que surge como una trasposición de una directiva europea— ha provocado que las ordenanzas municipales de muchos ayuntamientos no se estén ajustando a los requisitos normativos. Esta tasa, que está destinada a sufragar lo que cuesta recoger, transportas y tratar los residuos urbanos, se está convirtiendo en un verdadero quebradero de cabeza par