Cuando en 1981, junto a un grupo de hombres y mujeres pertenecientes al movimiento vecinal, asumí el compromiso de fomentar una organización de consumidores que hiciera frente a la injusta decisión adoptada por el gobierno de la Unión de Centro Democrático-UCD de impedir a las asociaciones de vecinos el poder representar los intereses de los afectados por el envenenamiento masivo producido por la venta fraudulenta del denominado aceite de colza -que provocó decenas de miles de afectados y cientos de muertos-, a la vez que se impedía al movimiento vecinal organizado el poder representar a los ciudadanos en su calidad de consumidores o usuarios de los transportes públicos, de los servicios de suministro de agua, de electricidad, gas