«No es un negocio, es un derecho«. Es el lema que se lee en miles de camisetas de las plataformas y redes por el agua pública que se han multiplicado estos años a lo largo y ancho del territorio nacional. La guerra del agua no se libra sólo contra las empresas multinacionales que han visto cómo vender el agua urbana es un negocio rentable y seguro, sino también contra los ayuntamientos que en muchos casos han cedido esa gestión (que es una competencia municipal) a empresas privadas a cambio de un canon concesional: el pago millonario que la empresa privada hace al consistorio, que le cede la administración del suministro durante 25 años o incluso más tiempo.

Uno de los problemas que ha suscitado siempre la pr