Hace casi tres años que FACUA presentó demanda en defensa de los intereses colectivos (y difusos) de los consumidores contra Telefónica. Fue allá por el mes de junio de 2015 con motivo de la subida ilegal en el mes de mayo del mismo año de las tarifas de Movistar Fusión en cinco euros mensuales, un incremento que la operadora aplicó a todos los usuarios que contrataron los servicios pese a que los promocionó, desde la fecha de su lanzamiento comercial en 2012, bajo el eslogan de tarifas «para siempre». La compañía aseguró en su publicidad que mantendría sus precios «para siempre», una oferta con valor contractual y obligatoria que, al no cumplirse, y a juicio de esta organización