Desde el pasado octubre de 2018, con la aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley de Protección de Datos, comienza a reconocerse a todos los españoles una serie de garantías digitales que no hacen sino reafirmar la necesidad de consolidar en España la rama del derecho digital, menospreciada por muchos juristas pero adorada por otros pocos. Quizás la nueva normativa de protección de datos, que adapta en nuestro país el tan consabido Reglamento Europeo de Protección de Datos o RGPD que tantos dolores de cabeza nos propició en mayo, ha servido de puente para garantizar una serie de propuestas que desarrollan el artículo 18 de nuestra Constitución en relación a las injerencias que el desarrollo de