En plena crisis económica, y una vez aprobada en 2010, una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el agua y el saneamiento eran derechos humanos. Desde esa fecha, en Andalucía se han seguido produciendo desahucios hídricos contra familias a las que la crisis les impedía pagar la factura del agua.

En 2013, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) calculó que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más cuatro años antes. De estos, se llegan a ejecutar un 60%, es decir, 300.000.

Frente a esto, las empresas privadas del agua y las asociaciones de las que forman parte (la patrona