El derecho a una vivienda que garantice un nivel de vida adecuado y en unas condiciones de dignidad inherentes a la propia naturaleza humana se consagra en el artículo 47 de nuestro texto constitucional y en diversos instrumentos internacionales, firmados y ratificados por España, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1).

No obstante, y pese al mandato constitucional y los compromisos internacionales ratificados por nuestro país, el acceso a una vivienda digna no está hoy garantizado. Mucho tiene que ver en esta situación el desarrollo de políticas que han favorecido la mercantilización de un bien tan esencial, d