Hacer frente, de manera eficaz, a la pobreza energética y garantizar los derechos humanos de acceso al agua y al saneamiento deberían ser objetivos prioritarios para el Gobierno. El bono social, tanto en lo referente a la electricidad como el térmico, se configura como una herramienta necesaria, pero su aplicación dista mucho de ser ideal.

La crisis provocada por la Covid-19, que ha afectado de forma transversal a todos los ciudadanos, también ha tenido efectos negativos en los usuarios del bono social. Desde FACUA, hemos considerado necesario reclamar al Gobierno que acometa una más que necesaria reforma de esta medida, de manera que su aplicación suponga un descuento de al menos el 50% en las facturas de luz, gas y agua.