El Ayuntamiento de Barcelona y Endesa andan a la gresca por la tasa pública que debe abonar la compañía eléctrica por el aprovechamiento del dominio público en su propio beneficio. Tres millones de euros es lo que los separa de una paz tal vez imposible. El Ayuntamiento de Ada Colau dice que la empresa los ha pagado de menos. Y ésta, obviamente, lo niega.

Esta tasa representa una piedra angular en el capítulo de ingresos de los municipios, especialmente de los grandes. Y ayuntamientos como el de Barcelona o el de Madrid, gobernados por las nuevas formaciones políticas surgidas en el fragor de la crisis económica, sin intereses en las eléctricas, son conscientes de ello y están empe&ntild