Tenemos 19 autoridades con competencias sancionadoras frente a las prácticas empresariales que vulneren las leyes de defensa de los consumidores. Se trata de las agencias, institutos, direcciones o secretarías generales de Consumo de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tantas como los anillos de poder. Pero a diferencia de lo que ocurría en la obra de Tolkien, no existe una autoridad que acumule los poderes de todas las demás cuando se producen fraudes que afectan a usuarios de diferentes territorios.

El nuevo Ministerio de Consumo puede apercibir a las empresas y llevarlas a los tribunales, pero no multarlas por saltarse la legislación. Al igual que ocurría con el antiguo Ministerio