La protección y defensa de los consumidores y usuarios es una herramienta imprescindible en la lucha contra los desequilibrios y las injusticias de un modelo económico que genera desigualdades y que lesiona los derechos de los más vulnerables. Las posiciones de abuso en los mercados y los fraudes en sectores básicos empobrece a los consumidores, aumenta la exclusión social y genera vulnerabilidad en el acceso a bienes y servicios esenciales.

Se hace por tanto necesario hacer frente a esta situación mediante el desarrollo de políticas públicas de protección de los consumidores en colaboración con la propia sociedad civil organizada, exigiendo un mayor control de los mercados y regulaciones que garanticen los de