El desarrollo de una economía cada vez más globalizada ha hecho que se experimente un incremento vertiginoso de la producción y el consumo, incentivando a acumular y concentrar la riqueza, además de mostrar una clara tendencia por el incremento de las desigualdades y las situaciones de desequilibrio. Todo esto provoca que nos encontremos ante una realidad que hace visible la necesidad de concebir la protección de los consumidores mucho más allá de la mera salvaguarda de la parte más débil de una relación contractual como consecuencia de la adquisición de bienes y servicios. La protección de los usuarios entra así en conexión directa con principios de sostenibilidad social, económica